FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES PARA UN ESTUDIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA

Theoretical-Conceptual Foundations for a Study on the Prevention of Crime and Violence

Fundamentos Teórico-Conceituais para um Estudo Sobre a Prevenção do Crime e da Violência

Autores: Enrique Verdecia Reyes

               Juan Rubén Herrera Masó

Artículo de revisión

RESUMEN

La criminalidad y la violencia provocan inseguridad y una gran preocupación en cualquier sociedad, por sus efectos dañinos tanto para las víctimas, como para sus familias, la comunidad y para los propios sujetos involucrados en estos actos. Diversas aproximaciones teóricas indican que los comportamientos violentos y delictivos, por lo general, son aprendidos desde edades tempranas donde los grupos de pertenencia y los contextos socio familiares desempeñan un rol trascendental. Es por ello que la prevención de estos fenómenos está priorizada en las agendas políticas de la mayoría de los países y entidades a nivel global, de los que se han derivado una serie de instrumentos internacionales que hacen énfasis en el respeto al estado de derecho y protección a poblaciones vulnerables. En Cuba se constata un incremento de los delitos asociados a la violencia, donde el creciente el impacto de las redes sociales ha hecho estragos sobre todo en menores y jóvenes a partir del confinamiento obligatorio, por casi dos años, durante la pandemia de COVID-19. El presente artículo aborda la sistematización teórica y conceptual de un conjunto de enfoques, teorías y modelos básicos para el estudio de la prevención de la criminalidad y la violencia en el contexto social cubano.

Palabras clave: criminalidad; inseguridad; prevención; victima; violencia.

ABSTRACT

Criminality and violence cause insecurity and great concern in any society, due to their harmful effects on the victims, their families, the community and the subjects involved in these acts. Various theoretical approaches indicate that violent and criminal behaviors are generally learned from an early age where the groups of belonging and socio-family contexts play a transcendental role. That is why the prevention of these phenomena is prioritized in the political agendas of most countries and entities at the global level, from which a series of international instruments have been derived that emphasize respect for the rule of law and protection of vulnerable populations. In Cuba, there is an increase in crimes associated with violence, where the growing impact of social networks has wreaked havoc especially on minors and young people since the mandatory confinement, for almost two years, during the COVID-19 pandemic. This article addresses the theoretical and conceptual systematization of a set of approaches, theories and basic models for the study of the prevention of crime and violence in the Cuban social context.

Keywords: criminality; insecurity; prevention; victim; violence.

RESUMO

A criminalidade e a violência causam insegurança e grande preocupação em qualquer sociedade, devido aos seus efeitos nocivos tanto para as vítimas, suas famílias, a comunidade e para os sujeitos envolvidos nesses atos. Várias abordagens teóricas indicam que os comportamentos violentos e criminais são geralmente aprendidos desde tenra idade, onde os grupos de pertencimento e os contextos sociofamiliares desempenham um papel transcendental. Várias abordagens teóricas indicam que os comportamentos violentos e criminais são geralmente aprendidos desde tenra idade, onde os grupos e os contextos sociofamiliares desempenham um papel transcendental. É por isso que a prevenção desses fenômenos é priorizada nas agendas políticas da maioria dos países e entidades em nível global, das quais derivaram uma série de instrumentos internacionais foram derivados que enfatizam o respeito ao Estado de Direito e a proteção das populações vulneráveis. Em Cuba, há um aumento de crimes associados à violência, onde o crescente impacto das redes sociais tem causado estragos, especialmente em menores e jovens, desde o confinamento obrigatório, por quase dois anos, durante a pandemia de COVID-19. Este artigo aborda a sistematização teórico-conceitual de um conjunto de abordagens, teorias e modelos básicos para o estudo da prevenção do crime e da violência no contexto social cubano.

Palavras-chave: criminalidade; insegurança; prevenção; vítima; violencia.

INTRODUCCIÓN

Desde la década de 1980, la noción de la prevención del delito se ha extendido y evolucionado sustancialmente, desde verse como una función de vigilancia relativamente limitada hasta una función que implica un enfoque transversal mucho más amplio, así como múltiples actores estatales y comunitarios. Esto ha reflejado un cambio más general entre los gobiernos que están lejos de asumir una responsabilidad exclusiva por la seguridad de todos sus ciudadanos, reconociendo las limitaciones de su capacidad para lograrlo. Se aprecia la evolución de los enfoques de vigilancia, lejos de los modelos centralizados y jerárquicos, hacia enfoques más basados en la comunidad y en la resolución de problemas, que se comprometen con las preocupaciones concretas de los ciudadanos locales. Se reconoce que depender únicamente de la justicia penal, en términos de vigilancia, sistemas de tribunales o correccionales, no es una respuesta suficiente para la reducción del delito, se puede hacer mucho para prevenir el delito y la victimización antes de la intervención del sistema de justicia.

DESARROLLO

Prevenir o prevención son dos términos con una gran variedad de acepciones, todas válidas e indicativas de las acciones a seguir.

Prevenir, significa "antes de venir", es decir, actuar para que un problema no aparezca o al menos para que disminuyan sus efectos; igualmente connota: preparación, organización, aviso, perspectiva, disponer con anticipación, prever.

Prevención implica: investigación, conocimiento de la realidad, reflexión estratégica, planificación, precaución, evaluación, trabajo en equipo, visión de conjunto, enriquecimiento de los conocimientos, redimensionamiento o cambio de dirección, iniciativa, creatividad.

Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito de 2002 proporcionan algunos principios básicos para el desarrollo de la prevención del delito y hacen énfasis en la importancia del liderazgo del gobierno local para establecer políticas y prácticas de prevención sostenibles,  de la necesidad de tomar en cuenta el desarrollo socio-económico y la inclusión social, de trabajar en cooperación y asociaciones, de crear sostenibilidad y responsabilidad en programas desde su comienzo, de usar la base de conocimiento que se ha acumulado a lo largo de los años para guiar el desarrollo de programas y de estrategias, de asegurarse de que los proyectos respetan los derechos humanos y las leyes y ayudan a crear una cultura de legitimidad, de reconocer la interdependencia entre los sectores - vivienda, entorno, empleo, justicia penal y seguridad, y trabajar tanto transversal como verticalmente; y la diferenciación - reconocer y planificar las necesidades de poblaciones minoritarias o grupos determinados. (ONU, 2022)

La prevención del delito, según la definición de las Directrices de las Naciones Unidas “comprende estrategias y medidas que buscan la reducción del riesgo de que ocurran delitos, así como sus efectos dañinos potenciales en los individuos y la sociedad, incluyendo el temor al delito, mediante la intervención para influir en sus múltiples causas”

En el párrafo 1 de las Directrices se precisa: “Hay indicios claros de que las estrategias de prevención del delito bien planificadas no sólo previenen el delito y la victimización, sino que también promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible de los países.” Esas estrategias mejoran la calidad de la vida y producen beneficios a largo plazo al reducir los costos relacionados con el sistema formal de justicia penal, así como otros costos sociales resultantes de la delincuencia.

La misma fuente reconoce que la delincuencia tiene múltiples causas y que la prevención requiere un enfoque estratégico bien planificado para enfrentar las causas con diversas formas de intervención. A nivel internacional, se reconocen tanto los factores por los que los niños y jóvenes corren el riesgo de cometer actos delictivos o ser sus víctimas como los factores que ayudan a protegerlos; esos factores se deberían tener en cuenta al elaborar estrategias de intervención eficaces.

A la prevención del delito frecuentemente se le llama de otra manera: renovación urbana, apoyo a la educación, desarrollo de la primera infancia o tratamiento de toxicomanías (S.Lab., 2004). Se cuenta también con una experiencia muy amplia en la prevención del delito basada en el diseño ambiental y la planificación urbana. Es importante colaborar con las comunidades locales e incluirlas en la elaboración de las iniciativas de prevención del delito. Una estrategia de prevención del delito bien planificada abarcará lo siguiente (Shaw y Travers, 2007):

(a) Medidas sociales de prevención del delito que tengan en cuenta las cuestiones sociales, económicas, educacionales y sanitarias, destinadas a los vecindarios, las familias, los niños y los jóvenes en situación de riesgo;

(b) Mejoramiento de las redes y condiciones de los vecindarios y comunidades y el fortalecimiento de la capacidad comunitaria;

(c) Reducción de las oportunidades de cometer delitos mediante un diseño en que se tengan verdaderamente en cuenta las situaciones y el medio ambiente;

(d) Prevención de la reincidencia, promoviendo la reintegración de los delincuentes.

Este enfoque de la prevención del delito representa una evolución en la comprensión del modo de prevenir la violencia urbana. Lo que antes se consideraba un problema de represión, se reconoce actualmente como una cuestión social, de salud pública y de gestión de los asuntos públicos que se puede abordar activamente. Lo más importante para prevenir eficazmente el delito es el papel central de las ciudades y los gobiernos a nivel local, orientados y apoyados por un sólido compromiso y orientación del gobierno nacional. (Krug et al., 2022)

Los principios más importantes para orientar la prevención eficaz del delito son: 

1. A todos los niveles gubernamentales, se debe desempeñar un papel de liderazgo;

2. La prevención del delito debe integrarse de modo transversal en todas las políticas y los programas sociales y económicos, de modo que abarque el empleo, la educación, la salud, la planificación de la vivienda y las ciudades, la justicia y los servicios sociales;

3. Las estrategias deben basarse en alianzas cooperativas entre las instituciones gubernamentales y los ministerios, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial y la sociedad civil;

4. Debe haber financiación suficiente y otros recursos y una clara rendición de cuentas para asegurar la aplicación y sostenibilidad de las estrategias;

5. Las estrategias e intervenciones deben basarse en un sólido conocimiento tanto de las causas de la delincuencia como de las prácticas eficaces;

6. En todas las iniciativas de prevención del delito se deben respetar los derechos humanos y el imperio de la ley;

7. Se deben tener en cuenta los vínculos entre la delincuencia organizada a nivel local y a nivel internacional;

En las últimas dos décadas, se han elaborado diversos planteamientos de prevención del delito basadas en un amplio caudal de investigación y evaluación. Los principales sectores de la prevención abarcan una serie de medidas centradas en el desarrollo, el medio ambiente, las situaciones, los factores sociales y la comunidad; por otro lado, las intervenciones pueden clasificarse en diversos grupos. En un sistema se distinguen, por ejemplo, mecanismos de intervención social, de tratamiento individual, para situaciones y de control policial y justicia penal. (Tilley et al., 2004)

Existen diversas formas de categorizar las iniciativas para prevenir el delito. Detrás de cada una de ellas subyace un modelo explicativo sobre cómo se entiende, explica y aborda el delito o las problemáticas asociadas al mismo. Es importante señalar que ninguna de las clasificaciones es excluyente, sino que pretenden sistematizar la amplia gama de posibilidades en la prevención.

Según Tilley et al. (2004 los diversos enfoques y programas de prevención se agrupan en cuatro categorías principales:

La prevención del delito mediante el desarrollo social; incluye una serie de programas sociales, educativos, sanitarios y formativos como los destinados a niños, o a familias en riesgo cuando los niños son muy pequeños, con el fin de proporcionarles ayuda y facilidades para la crianza de los hijos.

Según el apartado a) del párrafo 6 de las Directrices para la prevención del delito, los programas de prevención de este tipo: “Promueven el bienestar de las personas y fomentan un comportamiento favorable a la sociedad mediante la aplicación de medidas sociales, económicas, de salud y de educación, haciendo particular hincapié en los niños y los jóvenes, y centrando la atención en el riesgo y los factores protectores relacionados con la delincuencia y la victimización”.

La prevención del delito de base local o comunitaria; se aplica en zonas donde el riesgo de caer en la delincuencia o de ser víctima de ella es alto. Esto incluye áreas con elevados niveles de carencia, tanto en lo referente a infraestructuras, servicios y bienes materiales como a la falta de cohesión comunitaria. También puede incluir los barrios de tugurios o los asentamientos irregulares, o proyectos relativos a viviendas en centros urbanos o en los suburbios, áreas donde a menudo se concentran los problemas económicos y sociales.

Estos programas tienen por objeto aumentar la sensación de seguridad y protección de los componentes de determinadas comunidades, responder a las preocupaciones y problemas de delincuencia comunitarios que afecten a la población y aumentar los servicios, así como el capital o la cohesión social en la comunidad. Por “capital social” se suele entender la red de relaciones sociales, confianza mutua y valores compartidos, solidaridad comunitaria o sentido de identidad cívica que existe en un barrio. (Woolcock, 2001)

Según el apartado b) del párrafo 6 de las Directrices para la prevención del delito, tales programas tienen por objeto “modificar las condiciones en los vecindarios que influyen en la delincuencia, la victimización y la inseguridad resultantes del delito mediante el fomento de iniciativas, la aportación de experiencia y la decisión de los miembros de la comunidad”.

La prevención de situaciones propicias al delito incluye enfoques que tienen por objeto reducir las oportunidades de la población para cometer delitos, aumentar los riesgos y los costos de ser detenido y minimizar los beneficios del delincuente.

Según el apartado (c) del párrafo 6 de las Directrices para la prevención del delito, tales planteamientos ayudan a “prevenir los delitos reduciendo oportunidades de cometerlos, aumentando para los delincuentes el riesgo de ser detenidos y reduciendo al mínimo los beneficios potenciales, incluso mediante el diseño ambiental, y proporcionando asistencia e información a víctimas reales y potenciales”.

Se han definido cinco categorías específicas de estrategias de prevención de situaciones propicias al delito: "Las que aumentan el esfuerzo de los delincuentes” ; “Las que aumentan los riesgos de los delincuentes" ; “Las que reducen las ganancias de los delincuentes" ; “Las que reducen la incitación a la delincuencia”; “Las que suprimen las excusas para delinquir. (Clark y Eck, 2003).

Las técnicas relativas a situaciones se han concebido para aplicarlas a formas muy específicas de delincuencia, y dan por supuesto que los delincuentes potenciales toman decisiones racionales sobre los posibles riesgos y beneficios de infringir la ley. Estas técnicas incluyen la gestión, diseño o manipulación del entorno inmediato de manera sistemática y permanente.

Por ejemplo, entre ellas figura la de diseñar los espacios públicos o las viviendas de manera que sea difícil para las personas romper elementos de equipo o entrar en edificios sin permiso, o bien la de marcar los productos para que puedan ser identificados si son robados. Otros ejemplos incluyen el uso de circuitos cerrados de televisión para proteger aparcamientos, o la creación de vías peatonales, jardines y asientos en áreas públicas para fomentar un mayor uso público, con más vigilancia de ese mismo espacio. La prevención del delito mediante la reinserción social hace referencia a todos los programas dirigidos a niños, jóvenes o adultos ya involucrados en el sistema de justicia penal, incluso los detenidos y los que regresan a la comunidad.

Según el apartado d) del párrafo 6 de las Directrices para la prevención del delito, es importante “prevenir la reincidencia proporcionando asistencia para la reintegración social de los delincuentes y mediante otros mecanismos preventivos”.

Los condenados por delitos corren el mayor riesgo de reincidir dado que ya han quebrantado la ley, tienen escasas oportunidades y aptitudes para llevar estilos de vida legítimos y no delictivos, y es posible que tengan fuertes vínculos con otros delincuentes y modos de vida afines a la delincuencia. Su reinserción siempre se puede ver favorecida si se les proporcionan aptitudes para el empleo y la vida, se les facilitan formación, educación, estilos de vida alternativos y roles modélicos junto con apoyo y vivienda decente en la comunidad. Los programas en prisión pueden ayudar a prepararlos para la puesta en libertad dándoles nuevas capacidades laborales, por ejemplo, o aumentando su nivel de educación y aptitudes sociales, entre ellas la capacidad para mediar en situaciones conflictivas, y recurriendo a otros enfoques de justicia restaurativa.

Los programas pueden aplicarse en la comunidad, o en albergues de reinserción u hogares de acogida que ofrecen alojamiento en condiciones satisfactorias, así como apoyo y asesoramiento internos, suelen incluir programas de aprendizaje, planes de creación de empleo, preparación para la vida cotidiana, facilidades de microcrédito y apoyo a largo plazo. Los programas que imparten aptitudes de solución de conflictos o siguen enfoques de justicia restaurativa, como la mediación entre víctimas y delincuentes o conferencias de grupos familiares o comunitarios, son otros ejemplos de cómo es posible ayudar a los delincuentes a reinsertarse en la sociedad civil. Se trata en todos los casos de una prevención del delito centrada en la reinserción social, con el objetivo general de prevenir la reincidencia.

No existe ningún enfoque (o teoría base de una intervención) que sea intrínsecamente mejor que los demás. Todos tienen ventajas y desventajas. Algunos enfoques de desarrollo social pueden ser de larga duración y requieren compromiso e inversiones durante varios años. Los planteamientos de base comunitaria o local exigen una buena dosis de paciencia por las dificultades que entraña implicar a los ciudadanos en actitudes positivas, o mantener el impulso de los proyectos. Son más complejos de evaluar, de modo que puede resultar difícil precisar con claridad y rapidez los resultados de las intervenciones.

Ningún enfoque de la prevención del delito ha de considerarse superior al resto. En lugar de ello, cualquier enfoque seleccionado debe formar parte de un plan estratégico y equilibrado, siendo conveniente analizar las ventajas y desventajas de cada enfoque en un contexto determinado.

Es por ello que, en un proyecto destinado a un barrio de ciudad, por ejemplo, se puede combinar una variedad de iniciativas, como modificar la disposición del tráfico, mejorar el alumbrado, emplear y formar a jóvenes para actuar como guardianes y mediadores locales, facilitar apoyo a las familias de bajos ingresos y proporcionar mejores instalaciones y oportunidades de recreación en zonas desfavorecidas.

Una de las presunciones más comunes y erróneas sobre la prevención del delito es que puede aislarse de otras áreas de actividad, y que se limita al mundo académico, o al ámbito de la policía y del sistema de justicia. Muchas intervenciones que contribuyen a prevenir el delito se denominan de otra manera, ya sea intervención en la primera infancia, apoyo para la educación y el empleo, tratamiento de las toxicomanías o renovación urbana. (Foster, 2002)

De hecho, “prevención del delito” no es la única denominación comúnmente usada a nivel internacional. En otros contextos es frecuente el empleo de términos como “seguridad y protección”, “reducción de la delincuencia” y “seguridad comunitaria”. (Tilley, 2005)

La expresión “prevención del delito” se ha tildado de policial, mientras que “seguridad comunitaria”, por ejemplo, es el término preferido por las autoridades locales de Gran Bretaña para denotar una esfera más amplia de interés en las consecuencias de la criminalidad.

En la literatura es posible identificar diferencias teóricas sobre el significado de la «prevención del delito» y las distintas formas de medición, condicionadas casi siempre por el «objetivo a medir» en las prácticas preventivas, así como la perspectiva adoptada por dichas prácticas.

Un ejemplo es el siguiente concepto: La prevención del delito se define como el resultado de todas las iniciativas públicas y privadas, distintas de la aplicación del derecho penal, destinadas a la reducción del daño causado por actos definidos como delitos por el Estado (Van Dick y Jaap, 1991). Este concepto excluye la aplicación del derecho penal y otros enfoques desde la criminología, la sociología y la salud pública, por mencionar algunos. En lo particular, la importante función de la policía, los tribunales y las instituciones penitenciarias se ha incorporado ahora de forma rutinaria a las definiciones de la prevención del delito que utiliza las Naciones Unidas.

La referencia de conceptos sobre el vocablo “prevención” desde la óptica de diversos autores, épocas y actividades, se refieren a un accionar para contrarrestar y restablecer la forma de funcionar algo. Sin embargo, considerando a la prevención como una proyección estratégica en la lucha contra la criminalidad, se observa en ocasiones, un enfoque reduccionista circunscrito a la evitación de la comisión de delitos, la que también se refiere a actuar anticipadamente a que el problema se produzca, evoluciones y cristalice.

No obstante, los conceptos de prevención plantean la evitación, disminución o erradicación de causas, condiciones y consecuencias de conductas delictivas y/o factores de riesgos considerados negativas para el individuo o la sociedad, lo que contribuye a la elevación del bienestar y calidad de vida de las personas.

La prevención social y la prevención del delito están estrechamente relacionadas, la primera de forma indirecta, ya que abarca las directrices de la sociedad en materia de difusión de la educación, la cultura, para elevar el bienestar material y espiritual de las personas, la segunda abarca la actividad de aquellos organismos que enfrentan directamente la actividad delictiva (Tribunales, Policía Nacional Revolucionaria, Fiscalía y otros entre). En Cuba la política de prevención se fundamenta en los principios éticos de la Revolución, traducida en el diseño y desarrollo de políticas sociales concretas. (Figueras et al., 2011)

Las acciones preventivas disponen de un diverso conjunto de objetivos y métodos que permite actuar, transformar, socializar, sistematizar en función de la solidaridad, igualdad, educación, dignidad y desarrollo humano. Desde la prevención se potencia el desarrollo humano sostenible porque se trabaja directamente con los sujetos en el diseño de un proyecto de vida adecuado a sus necesidades, potencialidades particulares y expectativas; las oportunidades sociales creadas para insertarlos y la pertinencia social de su inclusión en el desarrollo, además de realizar transformaciones para minimizar las situaciones de riesgo que les rodea. (Colectivo de autores, 2008)

El sistema de acciones preventivas no debe circunscribirse al individuo como autor y victimario, sino que se debe extender a las relaciones sociales que establece en su entorno más inmediato (familiar, escolar y laboral, grupo de amigos) y considerar el contexto macrosocial, la política social y la política criminal existentes en la sociedad concreta de que se trate.

Entre los modelos de Prevención Social, el autor coincide con la diferenciación que  tienen en cuenta tres momentos: la prevención primaria (fundamentalmente proactiva, intenta desarrollar fortalezas, recursos adaptativos en las personas); prevención secundaria (interviene en las primeras fases de evolución evitando que se desarrolle en individuos ya afectados, recurre a restablecer oportunidades sociales con el objetivo de reducir la gravedad y/o duración del trastorno), y la prevención terciaria que se propone reducir o minimizar las secuelas y consecuencias negativas (sociales, psicológicas, físicas) de los trastornos y evitar recaídas a través de programas de rehabilitación y reinserción laboral y familiarmente a egresados de Establecimientos Penitenciarios y sancionados a medidas no privativas de libertad. (Coy y Martínez, 2009)

Además, el autor asume como válido la composición de los seis vectores que estructuran el concepto de Prevención, reconocido por Sóñora (1999),  entre otros autores, ellos son: el delincuente, la víctima, la situación, los factores macrosociales, los microsociales y la reacción social frente al delito; aunque para el autor de la tesis es importante considerar  además la percepción del individuo sobre la tranquilidad ciudadana, por considerar que una valoración no adecuada, podría generar resultado similar a la real ocurrencia de un fenómeno delictivo (asociado y visualizado mayormente en campañas comunicacionales por redes sociales).

Asimismo, los autores asumen los presupuestos básicos planteados por Coy y Martínez (2009) para un programa de actuación en el área de la desviación y la delincuencia: 1) reformas en la legislación vigente que discrimine lo que no se corresponda con la conducta desviada, y se potencien Servicios Sociales Comunitarios. 2) Un sistema escolar positivo, que destaque modelos de conducta cooperativo y solidario. 3) Planificación racional del tiempo libre de los niños y adolescentes. 4) Transformar instituciones dedicadas a la protección de menores hacia el acercamiento afectivo y social. 5) Lograr una vida comunitaria que propicie la participación comunitaria; y 6) potenciar la investigación-acción científica de la desviación. 

Al respecto, para la investigación, se consideran pertinentes los elementos no vistos desde el accionar del entorno, y sí desde el comportamiento individual y grupal, podrían propiciar escenarios más favorables para contrarrestar la desviación: la responsabilidad y posibilidades de la familia para minimizar los riesgos y amenazas (causales objetivas o subjetivas hereditario o por influencia personal) que influyan en la conducta desviada; potenciar la evitación de victimización como posibilidad de evitar o reducir hechos o presencia de conductas desajustadas; el bajo nivel de impunidad sobre la base del enfrentamiento comunitario a la indisciplina social y el esclarecimiento de los hechos y su autoría.

La prevención de la violencia criminal requiere de diversos enfoques, entre ellos: Promover el bienestar de las personas y fomentar un comportamiento favorable mediante la aplicación de medidas sociales, económicas, de salud y de educación, haciendo énfasis en los niños y los jóvenes, y centrando la atención en el riesgo y los factores de protección relacionados con la delincuencia y la victimización mediante el desarrollo social o la prevención social del delito:

a) Modificar las condiciones existentes en las comunidades que influyen en la delincuencia, la victimización y la inseguridad resultantes del delito mediante el aporte y el fomento de iniciativas, experiencias y la decisión de los miembros de la comunidad (prevención de la delincuencia basada en la localidad);

b) Reducir las oportunidades de la comisión de delitos aumentando el riesgo de delincuentes de ser detenidos y restringir al mínimo los beneficios potenciales, mejorar el diseño ambiental y proporcionar asistencia e información a víctimas reales y potenciales (prevención de situaciones propicias al delito);

c) Evitar la reincidencia y multirreincidencia delictiva proporcionando asistencia para la reintegración social de los involucrados y otros mecanismos (programas de reintegración social).

Cualquier estrategia de prevención de la violencia y el delito presupone:

Un enfoque multidisciplinario, integral y sistémico de la prevención.

El carácter principalmente educacional y sociocultural de las acciones.

La combinación de los intereses más generales de la sociedad con los específicos de ciertos grupos sociales, focalizando en la comunidad como un todo, además de focalizar las acciones preventivas en los sectores poblacionales más vulnerables.

La búsqueda de consensos representativos que legitimen las normas sociales establecidas.

Algunas definiciones sobre la prevención denotan la multiplicidad de enfoques y perspectivas con que se abordan: 

Gabaldón (1990) al examinar la prevención en su relación con los mecanismos de control social, sostiene que en el caso del control social informal, la prevención recurre a respuestas colectivas no necesariamente estatales que incluyen medidas menos estructuradas donde los referentes de contenido -de la prevención- pueden rebasar el marco legal, siempre que sean determinadas con criterios de seguridad y reducción de la violencia.

Mayorca, citado por Sonora (2000) distingue entre -la prevención a priori- la dedicada a la prevención del delito o reducir la delincuencia a su mínima expresión- y la prevención a posteriori - mecanismos de tratamiento para evitar la reincidencia criminal.

Beijerse y Swaaninger (1993) identifican 3 tipos de prevención: socio- preventivo, técnico-preventivo y prevención penal. Las dos últimas buscan reducir las oportunidades para los medios técnicos o con la amenaza del castigo sin tener en cuenta la etiología del fenómeno. El enfoque socio-preventivo reconoce el vínculo entre el delito, los problemas socio- económicos, la exclusión y la desigualdad social.

Campoalegre (1992), asume que la prevención, en el plano sociológico, es una faceta sui géneris del proceso de socialización realizada en una dimensión múltiple de actividad, institución, función social y proceso ideológico acorde con las exigencias del modelo de desarrollo de la sociedad en una etapa histórica determinada, a fin de evitar el daño social con lo cual regula el sistema, promueve su seguridad y contribuye a su viabilidad.

Sóñora (2000) definió la prevención social comunitaria como “proceso sociocultural y educativo dirigido a garantizar la reproducción efectiva de relaciones sociales estables y armónicas, la reducción de la vulnerabilidad social y la evitación de problemas sociales criminógenos a partir de la organización, preparación y participación de la propia comunidad en la transformación de su realidad teniendo en cuenta sus recursos y potencialidades”.

Felson (1999) se refiere a la prevención como factor de seguridad plantea tres estrategias a utilizar: 1) actuar sobre las causas inmediatas (policial y judicial); actuar en las escuelas (educación); y actuar sobre el entorno en que se produce el delito (prevención situacional). 

Considera el autor que este criterio es acertado, en tanto supone en el marco de actuación de los delincuentes para impedir sus actividades delictivas, el Estado y la Sociedad deben diseñar y utilizar estrategias contra el delito, las ilegalidades y la indisciplina social.

Aproximación conceptual a la violencia.

El término violencia proviene del vocablo latino "violentia", derivado de la raíz "violo", que significa: atentar, violar; alude a una fuerza vital presente en el origen de la vida.

Para Almeida (2015), la violencia abarca fenómenos e interpretaciones diversas y opuestas de disímiles autores y desde diferentes ciencias; el término se refiere a daños a los objetos y a las personas, actos terroristas, represión policial o institucional, coerción psicológica o social, pandillas juveniles, así como actos delictivos como robar, asaltar, violar, lesionar o matar.

La OMS (2002) la define como: “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Además, clasifica la violencia en tres categorías generales, según las características de los que cometen actos de violencia: auto infligida (comportamiento suicida y autolesiones); interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; así como entre personas sin parentesco) y la violencia colectiva (social, política y económica).

Esta definición conecta la intensión del acto con su comisión. Los términos de “uso intencional de la fuerza” y posibilidades de causar daño” demuestran mayor naturaleza violenta, donde se incluyen los actos por omisión. Lleva implícito otros aspectos de violencia (públicos o privados); reactivos en respuesta a acontecimientos anteriores (provocación) o defensivos (favorables para el agresor o para anticiparse a ellos).

Méndez (2005, p.3) la define como “Toda forma de actuar contra una o más personas o cosas, con el fin de dañarlas o atacarlas de forma física, moral, emocional y psicológica, utilizando la intimidación o la amenaza, el desconocimiento de los derechos, deseos o necesidades legítimas o la imposición de determinado comportamiento o situación aprovechando la posición, jerarquía, sexo, edad”.

Para Peñate et al. (2013)  es la acción u omisión -directa o indirecta-que se ejerce de forma consciente o inconsciente para conseguir algún propósito desde la perspectiva del victimario. Tiene en su base un desequilibrio de poder entre las partes implicadas, así como un aprendizaje de comportamientos inadecuados. Se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida de los individuos y dicha expresión puede ser física (golpes, empujones o cualquier otro tipo de contacto físico que ocasione algún daño), verbal (insultos, amenazas, gritos) y psicológica (ciertos tipos de silencios, chantajes emocionales, provocación de sentimientos de minusvalía).

Hernández (2017) se refiere a cualquier acto que tiene implícito el ejercicio de poder de forma no equitativa, por acción u omisión y ocasiona daños físicos, emocional, psicológico, viola los derechos, la autonomía y el desarrollo humano sostenible.

Aunque el término violencia ha resultado ampliamente difundido en la literatura especializada y abocado por diferentes expertos, el autor propone destacar la clasificación que realiza Valdés y Col (2012) al mismo, según los medios empleados: la violencia física y emocional; por la naturaleza del daño: física, psicológica, económica y sexual; según los espacios de expresión personal vulnerados: social, sexual, laboral, política, religiosa, lúdicra, generacional y personal/individual; y por los ejecutores o las víctimas participantes: individual o grupal.   

Asociado al comportamiento violento se identifica el mal del consumo de cualquier tipo de drogas por algunos segmentos poblacionales que lo atribuyen a la diversión y el placer, aunque desde el siglo XX había comenzado a forjarse una concepción del uso de determinadas sustancias como comportamiento disfuncional y transgresor, identificándose que el inicio del consumo ocurre con mayor frecuencia en adolescentes y jóvenes, de ahí que la relación entre drogas y jóvenes, resultan uno de los segmentos distintivos en la construcción social de su cadena como fenómeno.

La literatura científica insiste en la prevención como medida para reducir el impacto de la violencia en la juventud, tanto de forma inmediata como a medio y largo plazo. De forma inmediata, puesto que se ha comprobado que haber experimentado violencia durante la infancia es un factor de riesgo para perpetrar a su vez actos violentos contra otras personas. De ahí la necesidad imperiosa de ayudar a los niños y niñas que sufren cualquier tipo de violencia a elaborar la vivencia e integrarla en el desarrollo de una personalidad sana, que se ve muy afectado por experiencias traumáticas tempranas, que son capaces de instaurar patrones de pensamiento y respuesta sumamente perniciosos, para uno mismo y para los demás. A medio y largo plazo, puesto que se ha comprobado que la violencia en etapas tempranas se correlaciona con la violencia en etapas posteriores e incluso en la edad adulta, incluida la delincuencia, institucionalización penitenciaria y comportamiento antisocial (Gil y Andrew, 2017).

Referente a la violencia física y juvenil, se deben tener en cuenta para su enfrentamiento los factores ventajosos o de riesgo, algunos de estos últimos están relacionadas con: dificultades en la comunicación y ausencia de habilidades para la resolución constructiva de conflictos; falta de espacios físicos y psicológicos para parejas, con afectaciones específicas en los jóvenes; desconocimiento o poco uso de formas positivas de educación a niños, niñas y adolescentes; rol poco activo del padre en la educación de los hijos con limitaciones para la transmisión de afectos, y concepciones y prácticas educativas inadecuadas, con presencia de métodos violentos.

Los autores consideran que la violencia es un modo de expresión de la actividad humana que tiene implícito el ejercicio de poder de forma no equitativa, por acción u omisión que quebranta gravemente la ley, y ocasiona daños físicos (incluyendo la muerte), emocionales, psicológicos y/o contra el patrimonio; viola los derechos, la autonomía y el desarrollo humano sostenible, aunque puede o no, constituir un delito de acuerdo a las normas vigentes.

La prevención debe estar basada en la evidencia científica y tener en cuenta la coexistencia de factores protectores y factores de riesgo. Esto es fundamental a la hora de configurar programas de prevención específicos en comunidades concretas, a partir de sus características iniciales, potencialidades y necesidades particulares.

Así las cosas, y puesto que parece que el inicio en la actividad delictiva depende más de factores sociales que personales (aunque la disposición personal sea también importante), se pueden extraer una serie de actuaciones que las administraciones públicas locales pueden llevar a cabo para, por un lado, prevenir la comisión de delitos o acciones violentas y, por otro, ayudar a las víctimas a superar las agresiones y continuar sus vidas con la mayor normalidad posible.

El autor comparte por su validez y adecuación el decálogo propuesto por Paz y Andrew (2017) para la prevención de conductas violentas previas a la mayoría de edad:

1) La violencia es un problema de actitud y las actitudes violentas dependen del contexto 

Eron et al. (2002) y Cooley-Strickland et al. (2011) precisan que es indispensable condenar cualquier actitud violenta de los adolescentes, incluso antes de llegar a la adolescencia, para que aprendan, durante el proceso de socialización, que la violencia no es un modo adecuado de resolver los problemas. A corto plazo esto puede resultar difícil, porque es fácil ceder a los chantajes emocionales, pataletas y berrinches, pero hay que tener presente que a largo plazo no le estamos ayudando, sino todo lo contrario. Necesitaremos el apoyo de nuestro entorno para que este mensaje de no tolerancia con la violencia sea inequívoco, tendremos que explicar, disuadir y convencer que permitir los comportamientos violentos solo conlleva problemas cada vez mayores.

2) Facilitar la generación de redes sociales amplias y diversas.

Algunos autores defienden que la red social tiene un efecto positivo, en la medida en que disminuye la probabilidad de contacto con dinámicas de riesgo que estimulan la delincuencia y mejora las condiciones de vida. (Navarro y Pastor, 2017)

Fomentar los grupos sociales es un factor de protección contra la violencia, el comportamiento antisocial y la violencia. Animar a los adolescentes a que amplíen sus grupos de amigos, a que participen en actividades deportivas, de ocio, culturales, en la naturaleza…, así como favorecer su contacto con otros adolescentes y con otros miembros de la comunidad, de la familia, de los centros escolares…, para que dispongan de diversos puntos de vista sobre el mundo y puedan resistir la presión grupal de cometer actos delictivos o violentos en la búsqueda de identidad característica de esa etapa vital.

3) Desarrollar adecuada y ampliamente un buen repertorio de habilidades sociales.

Implantar programas en las escuelas, impartidos por orientadores profesionales adecuadamente formados, como parte de las actividades docentes y emplear herramientas como los juegos, el trabajo colaborativo, el juego de roles y otras que faciliten la adquisición y desarrollo de habilidades sociales como la empatía, la asertividad, la resolución no violenta de conflictos, decir no y otras.

4) Realizar intervenciones preventivas en el ámbito escolar, basadas en la evidencia científica.

Ofrecer actividades extraescolares, dirigidas por profesionales de la educación y la psicología, que contribuyan al desarrollo de habilidades sociales, a la asunción de la responsabilidad individual y al pensamiento crítico.

5) Aplicar de forma generalizada, en el ámbito escolar, protocolos de prevención frente a agresiones sexuales.

La construcción de una identidad de género equivalente, por su parte, puede contribuir a disminuir las agresiones violentas ejercidas por niños y niñas, que, a la postre, se convertirán en hombres y mujeres. El empleo de estrategias socioeducativas de prevención puede favorecer la equidad desde las etapas tempranas de la escolarización, incluyendo decálogos de prevención para cada etapa educativa. (González et al., 2016)

6) Intervención a edades tempranas.

Cooley-Strickland et al. (2011) consideran que, ante los sucesos traumáticos vividos por jóvenes e infantes, la intervención a edades tempranas es sumamente beneficiosa. Recurrir a profesionales que ayuden a los y las menores a superar los acontecimientos traumáticos y hacerlo cuanto antes. Es más saludable enfrentar la herida, aunque duela, que hacer de ella un tabú y que cause daños a largo plazo.

7) Proporcionar recursos, en la comunidad, para verbalizar las agresiones y ayudar a la construcción y desarrollo de una personalidad sana y adaptada.

En esta línea, Cooley-Strickland et al. (2011) recogen la evidencia de que los efectos que los acontecimientos traumáticos tienen sobre los jóvenes, disminuyen si estos tienen la oportunidad de procesarlos y verbalizarlos. De ahí la importancia de proporcionar espacios para verbalizar e integrar las experiencias traumáticas es de vital importancia, no solo para la víctima, sino para la sociedad en su conjunto. Habilitar nuevos espacios en otros entornos más cotidianos, de forma normalizada, contribuirá a disfrutar de una sociedad más sana.

8) Proporcionar herramientas a los padres.

La evidencia científica demuestra que el papel de los padres y los cuidadores es un factor esencial que modula el comportamiento violento y delictivo de los niños y niñas. Puede actuar como factor de protección o como factor de riesgo. Por tanto, estos adultos de referencia son mediadores capaces de prevenir los efectos emocionales adversos de la exposición a la violencia en la comunidad, pero siempre y cuando ellos mismos sean a su vez modelos adecuados de conducta prosocial. (Cooley-Strickland et al., 2011)

Para ello, a veces es necesario proporcionar también a los adultos herramientas variadas de afrontamiento de problemas o solución de conflictos (habilidades sociales), así como proporcionar conocimiento sobre los problemas a los que se enfrentan los niños y las niñas durante su desarrollo en la adolescencia y primera juventud.

Cabe, no obstante, tener en cuenta que a menudo quien acude a una escuela de padres ya dispone, al menos, de una actitud abierta y proclive a ayudar a sus hijos. Puesto que no se puede ayudar a quien no desea ser ayudado, y puesto que no se puede obligar a la gente a participar en programas de este tipo sin virar hacia un estado paternalista, emerge la duda de cómo se puede conseguir una sociedad menos violenta. Los medios de comunicación, tienen un papel importante como transmisores de modelos de comportamiento deseables, pero también, como transmisores de metas realistas y no basadas en valores efímeros, como la belleza o la riqueza.

9) Recurrir a ayuda profesional

Las comunidades y las ciudades deben disponer de recursos profesionales de ayuda a las familias, por teléfono para canalizar distintas problemáticas (drogodependencias, violencia de género e intrafamiliar, maltrato infantil u otros…) en todas las poblaciones.

10) La violencia se aprende.

Existe una brecha notable entre lo que la sociedad dice que quiere y lo que muestra como deseable a través de los medios de comunicación. Es importante reflexionar sobre los modelos de comportamiento vigentes en la juventud actual y asumir que la condena unánime de la violencia es fundamental. Es necesario establecer un pacto contra la violencia de todos los factores de la sociedad, en todos los ámbitos y en todas las edades.

CONCLUSIÓN

A pesar de los avances en las prácticas y herramientas empleadas en la prevención de la violencia, el delito y la inseguridad, estos temas siguen siendo de gran preocupación social, y continúa la búsqueda de un mayor equilibrio entre la acción de la policía, el sistema judicial y penal en el campo de la justicia penal y los programas de prevención.

La prevención debe estar basada en la evidencia científica y tener en cuenta la coexistencia de factores protectores y factores de riesgo. Esto es fundamental a la hora de configurar programas de prevención específicos en comunidades concretas, a partir de sus características, potencialidades y necesidades particulares.

La participación en estudios de victimización en líneas generales se desarrolla principalmente en los países desarrollados de Europa y en menor medida. En la actualidad, las encuestas de victimización constituyen un instrumento válido y útil que se utilizan en muchos países para contrastar y complementar los registros oficiales sobre el estado de la delincuencia y los niveles de victimización no reportados.  

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